November 28, 2017

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LA INCAPACITACIÓN JUDICIAL

 

A continuación explicaremos qué se entiende por capacidad de obrar y por la limitación de ésta, porqué motivos puede perder esta capacidad una persona, qué es un proceso de incapacitación, quienes están legitimados para iniciarlo y cómo y dónde se lleva a cabo.

 

 

Para empezar aclaremos algunos conceptos importantes:

 

La capacidad jurídica es la aptitud que poseen todas las personas para ser titulares de derechos y obligaciones. Esta capacidad no puede ser modificada porque supondría privar a la persona de un derecho fundamental e inalienable, inseparable de su propia personalidad.

 

La capacidad de obrar es la capacidad que tienen las personas de llevar a cabo sus derechos y sus obligaciones. Se adquiere al llegar a la mayoría de edad. Esta capacidad es permanente a no ser que una sentencia judicial determine lo contrario.

 

La limitación de la capacidad se produce cuando a una persona se le modifica su capacidad de obrar a través de una sentencia judicial. A partir de ese momento, la persona deberá ejercer sus derechos y obligaciones a través de una tercera persona, que puede ser física o jurídica.

 

1. ¿Qué tipo de población puede ver limitada su capacidad de obrar?

  • Personas con enfermedades mentales graves.

  • Personas con discapacidad intelectual.

  • Personas con deterioro cognitivo grave.

Los motivos pueden ser variados:

  • Existencia de un problema grave que haga imposible a la persona autogobernarse.

  • Una gestión inadecuada del patrimonio, de los recursos económicos.

  • Falta de control sobre la salud, que pueda representar un riesgo para sí mismas o para terceros.

  • Personas que necesitan protección por situaciones detectadas de maltrato, negligencia y/o abuso por parte de la familia o por personas de referencia.

  • Personas en situación de fragilidad que necesitan ayuda en la realización de las Actividades Básicas de la Vida Diaria (ABVD).

  • Persona con deterioro o déficit cognitivo que requiera de ayuda.

  • Enfermo crónico institucionalizado y sin posibilidad de reinserción comunitaria.

  • Otros.

El art. 200 del Código Civil establece que son causas legales justificadas para declarar a una persona incapaz: las enfermedades o deficiencias físicas o psíquicas que impiden que la persona pueda autogobernarse.

 

2. ¿Cuántos tipos de incapacidad existen?

 

En la sentencia judicial el juez determinará el tipo de incapacidad de la persona según su situación física/psicológica/social.

  1. Incapacidad Total: protege a las personas que carecen de capacidad para autogobernarse en ninguno de los aspectos de su vida. La incapacitación total no significa la pérdida de derechos, sino que éstos podrán ser ejercidos con el apoyo de otra persona. Tiene como objetivo la protección tanto personal como patrimonial del incapacitado. La consecuencia lógica de la incapacitación total es la tutela, que podrá ser ejercida por una persona física o jurídica.La declaración judicial de incapacitación no comporta la penal ni la laboral.
     

  2. Incapacidad Parcial: protege a las personas que carecen de capacidad para autogobernarse en determinados actos de la vida. El curador es la persona que ejercerá el apoyo que la persona incapacitada necesita en aquellos actos que el juez determine en la sentencia judicial. Es posible que en la sentencia no se especifiquen los actos concretos en los que la persona precise la intervención de un curador, en este caso estarán sujetos a curatela los actos de gestión patrimonial, como la enajenación y gravamen de bienes inmuebles, la cesión de bienes en arrendamiento por más de 6 años, o la disposición de bienes o derechos a título gratuito, entre otros muchos actos.

3. ¿Qué tipos de instituciones de protección existen?

 

Las instituciones tutelares son aquellas formas jurídicas que establece la ley para la protección de las personas incapacitadas judicialmente. Será decisión del juez valorar qué tipo de protección o asistencia precisará la persona.

  • Tutela: se trata de la institución principal en la protección de las personas incapacitadas, sobre las cuales se asegura la protección, la administración y la guarda de sus bienes y, en general, el ejercicio de sus derechos, representándola en todos aquellos actos que sean necesarios.

    • Fundaciones tutelares: se trata de personas jurídicas encargadas de llevar a cabo la tutela de personas incapacitadas que carecen de familiares o personas próximas que pueden ejercer el cargo. Están sometidas a normas legales, éticas y morales y tienen el deber de ejercer su labor con autonomía, independencia, eficacia y transparencia.

  • Curatela: se trata de la institución que se designa para la protección del incapaz parcial. Su función es asistir y complementar la capacidad de la persona en la realización de actos jurídicos patrimoniales. Puede ser desarrollada por una persona física o jurídica.

  • Defensor judicial: se trata de una institución temporal y de función limitada. Será nombrado por el juez mientras no se produce el nombramiento de un tutor/curador y en los supuestos en los que hay un conflicto de intereses entre el tutor/curador/administrador patrimonial y el incapacitado.

  • Administrador patrimonial: su función es la de administrar el patrimonio del incapacitado (en caso de que esta función no corresponda al tutor) o administrar determinados bienes recibidos por el incapacitado a través de donaciones, herencia o legado, siempre que el donante o testador así lo haya dispuesto.

  • Guardador de hecho: Se trata de una institución de protección en la que una persona ejerce sobre el incapacitado o menor algunas funciones propias de instituciones tutelares o se encarga de su custodia o de la administración de sus bienes, pero carece de potestad legal.

Nuevas instituciones de protección

  • Poder preventivo: apoderamiento que se realiza antes de sufrir pérdidas de capacidad y que puede seguir en vigor una vez alcanzada la incapacitación.

  • Asistencia: protección de la persona en cuanto a su bienestar personal o el de sus bienes en aquellos casos en los que no corresponda iniciar un proceso de incapacitación. El asistente será nombrado por la persona mayor de edad que precisa asistencia de un tercero en el cuidado personal, jurídico, o patrimonial.

  • Patrimonio protegido: institución de protección en la que una persona física o jurídica designada en escritura pública administra el patrimonio y los rendimiento de éste. De esta manera se satisfarán las necesidades de la persona discapacitada física o psíquica que se encuentre en una situacion de dependencia severa. 

 

4. ¿Qué ventajas tiene una incapacitación judicial?


Lo primero que debemos tener en cuenta es que cuando tenemos una persona con algún tipo de enfermedad o afección sin incapacitar judicialmente, tenemos a una persona que puede realizar actos jurídicos válidamente que le obligan y le afectan, pero que realmente no es consciente de lo que está haciendo o no es eso lo que realmente quiere hacer, por lo que la incapacitación judicial supone adaptar la realidad a la situación jurídica.

 

El primer motivo para incapacitar a una persona debe ser protegerla, evitar que pueda celebrar actos jurídicos que le perjudiquen como vender o donar su propia casa sin ser plenamente consciente de ello. 


Pongamos un caso: en una familia con 4 hermanos fallece la madre y el padre sufre Alzheimer, uno de los hermanos se ocupa de cuidar al padre, no han solicitado ningún tipo de incapacitación, si ese hermano tiene acceso a las cuentas de su padre podrá disponer de su dinero sin ningún tipo de control. Si se incapacita judicialmente al padre, se nombrará un tutor para que se ocupe de él, que en este caso sería ese hermano y en este caso el tutor tendrá la obligación de presentar un informe justificando las cuentas y como administra el patrimonio del incapaz y para realizar cualquier acto jurídico relevante como donar o vender una vivienda necesitara autorización del juez. Por lo tanto, a través de la incapacitación judicial puede controlarse también a situación de las personas que se hacen cargo de los enfermos, ya que como hemos dicho la función principal de la incapacitación judicial es proteger al incapacitado.


Cuando tenemos a una persona que está enferma, pero no incapacitada judicialmente, su familia puede decidir que sea necesario que ingrese en una residencia, pero esa persona entrará en la residencia por su propia voluntad y en el caso de que la enfermedad avance y esa persona irracionalmente decida que a las 3 de la mañana quiere salir de la residencia, en el centro no pueden hacer nada para impedírselo ya que como jurídicamente no está incapacitado, no se puede retener a una persona contra su voluntad. Por lo tanto, cuando se prevea que una enfermedad va a afectar gravemente a una persona es necesario iniciar los trámites cuanto antes. También debemos destacar que los trámites para ingresar a una persona en una residencia serán mucho más sencillos si esta está incapacitada judicialmente.

 

 

5. ¿Cómo es un proceso de incapacitación judicial?

 

El art. 199 del Código Civil establece que para incapacitar a una persona es necesaria una sentencia judicial. Por lo tanto para iniciar un procedimiento de incapacitación debe presentarse una demanda de incapacitación. La demanda deberá ser presentada en el juzgado de primera instancia competente, y en el municipio o partido judicial donde resida la persona que se pretende incapacitar.

 

La demanda se promoverá con la intervención de un abogado y un procurador y debe acompañarse de todos los informes médicos, psicológicos y sociales y demás documentaciones pertinentes. Tras presentar la demanda, se llevará a cabo la comunicación al presunto incapaz (demandado) el cual debe ponerse en contacto con un abogado. Si el demandado no lo hiciera y no respondiera a la demanda en un máximo de 20 días, su representación la realizaría el Ministerio Fiscal.

 

En los casos en los que es el Ministerio Fiscal es el que promueve la demanda, y cuando el demandado no da contestación a la demanda, el juez le asignará un defensor judicial para que ejerza la representación de éste.

 

Durante el juicio se recabarán las pruebas necesarias para que el juez pueda realizar su valoración (exploración judicial, forense, audiencia de parientes, peritaje, etc). Tras el juicio la sentencia puede declarar la incapacidad del demandado (total o parcial) o bien no hacerlo. En caso afirmativo, se realizará la inscripción registral. Además el juez determinará el tipo de institución de protección más conveniente.

 

6. ¿Quién puede iniciar este procedimiento?


El art. 756 de la Ley de Enjuiciamiento Civil establece que las personas legitimas para iniciar un procedimiento de incapacitación son:

  • La propia persona que prevé el empeoramiento de su enfermedad o deficiencia.

  • El cónyuge.

  • Los hijos y/o padres.

  • Los hermanos.

  • El Ministerio Fiscal.

  • Profesionales y personas en general que tengan conocimiento de la posible incapacidad de alguien.

 

7. ¿Cómo puede una persona designar a su propio tutor?

 

Cualquier persona en previsión de su futura incapacidad (porque padezca por ejemplo una enfermedad degenerativa) puede designar tutor para cuando llegue esta situación. En esta designación el futuro incapaz otorgará un apoderamiento preventivo a otra persona antes de sufrir las pérdidas de capacidad; debe relizarse mediante escritura pública.

 

8. ¿Qué documentación es necesaria para iniciar el procedimiento de incapacitación?

  • Nombre y DNI de la persona presuntamente incapaz.

  • Certificado de empadronamiento del presunto incapaz.

  • Certificado literal de naciemiento del presunto incapaz.

  • Informes médicos.

  • Informes psicológicos.

  • Informes sociales.

  • La demanda de solicitud de la incapacitación.

  • Dcumentación referente a la persona que presenta la demanda:

    • Libro de família.

    • Partida de matrimonio.

    • Partida de defunción.

  • Certificado de discapacidad del presunto incapaz (si lo hubiese).

  • Registro de bienes e ingresos del presunto incapaz ( en caso de riesgo patrimonial debe especificarse la situación de riesgo inminente).

  • Nombre y domicilio de la persona que se presenta para ejercer la tutela.

9. ¿Qué circunstancias son valoradas por el juez?

  • La autonomía personal: nutrición, aseo, cuidado, seguridad.

  • La autonomía doméstica: afrontar actividades habituales o relacionadas con el ámbito familiar.

  • La autonomía social: desenvolvimiento e integración dentro de la sociedad, control sobre sus impulsos, capacidad para conseguir metas y objetivos,etc.

10. ¿Y después de la sentencia qué?

 

Una vez que el juez emite la sentencia y declara la incapacidad total o la parcial, la acompaña de la designación del tutor que llevará a cabo la protección de la persona y su patrimonio.

 

El tutor será elegido de entre los parientes más próximos al incapacitado, por el que propuso el propio incapaz o aquél que se ofreció voluntariamente, siempre considerando la relación previa y actual con la persona incapacitada.

 

La aceptación del cargo de tutor no es obligatoria y es posible presentar una excusa alegando una enfermedad, ocupaciones personales o profesionales incompatibles con el cargo, la falta de vínculo con el incapacitado o bien, que el ejercicio de la tutela resulte demasiado gravoso para el tutor. En cambio, si la persona acepta el cargo de tutor se compromete a realizar un inventario de los bienes del tutelado, de informar anualmente de la situación persona y patrimonial del tutelado y de la rendición de cuentas ante el juez.

 

Si la persona incapacitada carece de familiares o personas que puedan ejercer el cargo se buscará una entidad tutelar de titularidad jurídica como encargada de la tutela del incapacitado.

 

11. ¿Es posible modificar una sentencia de incapacidad?

 

Cuando aparezcan causas que modifiquen la situación en la que se encuentra la persona incapaz, el tribunal puede acordar una modificación de la sentencia y por tanto, puede establecer nuevos límites de la incapacitación (si se trataba de una incapacidad temporal) o bien, dejarla sin efecto, y devolver la capacidad de obrar plena a la persona.

 

La revisión de la sentencia la pueden solicitar las mismas personas que están legitimadas para interponer la demanda, y el procedimiento seguirá el mismo recorrido que para la incapacitación inicial.

 

 

 

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